Esta decisión busca evitar complicaciones para el Estado Provincial en sus planes de urbanización del área. El Tribunal de Revisión de Mercedes confirmó la orden de desocupación del predio de la Cruz Gil, tras desestimar una impugnación presentada por la defensa. La medida, respaldada por el Ministerio Público Fiscal, se considera urgente por el interés público y debe cumplirse antes del fin de semana, pudiendo utilizarse la fuerza pública si es necesario.
El Tribunal de Revisión de Mercedes confirmó la orden de desocupación del predio de la Cruz Gil, tras analizar una impugnación presentada por la defensa de seis imputados en un caso de usurpación. La medida debe realizarse antes del fin de semana, con posibilidad de uso de fuerza pública si no se cumple voluntariamente.
El viernes pasado, el Tribunal de Revisión de Mercedes, integrado por los doctores Enrique Eduardo Deniri, Carlos Antonio Martínez y Jorge Alberto Esper, abordó la impugnación contra la medida cautelar dictada por la Juez de Garantías de Mercedes, doctora Benasayag. La defensa, a cargo del abogado Pablo Andrés Fleitas, cuestionó la resolución que ordena la desocupación del Complejo Recreativo-Religioso de la Cruz Gil. Sin embargo, el Tribunal ratificó la necesidad de desocupar el predio, en consonancia con el Ministerio Público Fiscal, representado por el doctor Adrián Aurelio Casarrubia.
El fiscal Casarrubia subrayó que la urgencia de la desocupación responde al interés público y al cumplimiento de la Ley N° 6628 sobre utilidad pública. Además, el Fiscal de Estado de la Provincia, doctor Horacio Ortega, destacó la importancia de liberar el área para facilitar la urbanización integral que está siendo gestionada por el Estado Provincial. La defensa argumentó que la urgencia era infundada, citando causas contenciosas pendientes que podrían afectar la posesión del inmueble. No obstante, el Tribunal aclaró que tales circunstancias no influían en la medida cautelar, enfocada en la investigación por presunta usurpación.
La desestimación de la impugnación implica que los imputados deben cumplir la orden de desocupación antes de que finalice el fin de semana. En caso de no hacerlo de manera voluntaria, se prevé la intervención del Ministerio Público Fiscal para llevar a cabo el desalojo con el uso de la fuerza pública.