Un operativo global detuvo a 22 personas en Argentina, secuestrando cientos de dispositivos vinculados a la distribución de material MASI.
Este martes, en Posadas, la Policía de Misiones detuvo a un hombre de 26 años en el marco de una investigación sobre tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). El operativo se desarrolló en un domicilio del barrio Aeroclub y permitió el secuestro de tres teléfonos celulares y dos notebooks, que ahora serán analizados por la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) de la Procuración General.
Dicho procedimiento tuvo la coordinación de la Procuración General de la Provincia de Misiones, a cargo del Dr. Carlos Jorge Giménez, a través de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos. La investigación se inició tras una denuncia recibida por la Fiscalía y el allanamiento fue ordenado por el Juzgado N°7 de Posadas.
El análisis del caso del hombre detenido en Posadas por tenencia y distribución de archivos MASI
En su columna periodística del Noticiero Central, Juan Carlos Arguello explicó que se trataba de un hombre que no tenía antecedentes delictivos y que mantenía una conducta aparentemente normal como vecino. “Sin embargo, tenía en su poder material de abuso sexual infantil”, afirmó. Además, recordó que el allanamiento formó parte de un operativo global que incluyó 22 procedimientos simultáneos en todo el país.
Arguello detalló: “Esto fue lo que se secuestró en la Argentina: 83 celulares, 150 dispositivos electrónicos, 97 discos duros, 20 computadoras, 4 elementos no digitales, 11 tablets, 32 notebooks y un arma”. En Posadas, el detenido no poseía armas, pero el material incautado ya se encuentra bajo investigación forense.
La quinta edición del megaoperativo internacional “Aliados por la Infancia V” logró arrestar a 22 personas en 73 allanamientos simultáneos en distintas ciudades argentinas. Durante los procedimientos, se secuestraron 398 dispositivos tecnológicos vinculados con la distribución de material de abuso sexual infantil. La operación incluyó ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán, y se replicó en 14 países, entre ellos Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Puerto Rico y Uruguay.
Las palabras desde Buenos Aires
Según el Ministerio Público Fiscal porteño, los detenidos fueron imputados por delitos de “tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil”. La coordinación del operativo estuvo a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, con base en las investigaciones de la fiscal especializada en Delitos Informáticos Daniela Dupuy.
El objetivo de la Unidad de Cibercrimen fue identificar a usuarios que compartían imágenes de abuso sexual infantil a través de plataformas tipo peer-to-peer. La información obtenida se compartió con distintas jurisdicciones para profundizar las investigaciones y verificar domicilios.
Las declaraciones de Espeche sobre lo realizado en la Fiscalía de Cibercrimen
En Posadas, el operativo fue clave. El fiscal especializado en ciberdelitos Juan Pablo Espeche comentó: “Nos encontramos con una gran cantidad de información de almacenamiento de datos, algo que ya preveíamos por la investigación previa”. Durante el allanamiento, se secuestraron computadoras de alto rendimiento, servidores, discos rígidos externos, pendrives, tablets y teléfonos celulares.
Las fuerzas federales y provinciales participaron de los operativos. Intervinieron unidades especiales de ciberdelincuencia de la Policía Federal, agentes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y fuerzas provinciales. La coordinación internacional permitió replicar el procedimiento en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
El operativo internacional demostró la magnitud de la lucha contra la distribución de material de abuso sexual infantil y la importancia de la cooperación entre jurisdicciones para desarticular redes criminales complejas.